La negativa al capítulo XI fue considerada como uno de los mayores fracasos del oficialismo en la discusión sobre la ley que establece la trayectoria de ingresos y gastos. Este capítulo contenía varios de los artículos más controvertidos del proyecto, que abarcaban desde la derogación de leyes de emergencia en discapacidad hasta el financiamiento universitario, junto con el traspaso de fondos que la Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, un incremento en recursos para el sistema judicial, y un apartado dedicado a los subsidios energéticos.
En este contexto, una fuente de la Casa Rosada confirmó que el Gobierno tiene en mente enviar a Congreso un nuevo proyecto legislativo que busque reintroducir las reformas energéticas que fueron rechazadas.
El paquete legislativo anterior contemplaba la exclusión de más de 3 millones de hogares ubicados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza del sistema de subsidios actual, que cubre entre el 30% y el 50% del costo de las tarifas de gas durante los meses fríos.
Uno de los funcionarios mencionó que aún hay aspectos en discusión sobre el contenido de la nueva ley, aunque otra fuente hizo énfasis en que el documento incluiría la extensión de beneficios fiscales e impositivos para las energías renovables, así como la modificación del régimen de Zona Fría.
El régimen de subsidios de gas para zonas frías fue establecido en 2002 mediante la Ley 25.565, ofreciendo beneficios a usuarios en áreas como la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza. En 2021, el alcance de este régimen se amplió a nuevas subzonas por medio de la Ley 27.637, y su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2031.
La financiación del subsidio proviene del único fondo fiduciario que el Gobierno decidió mantener en activo este año, en acuerdo con el FMI, y que se sostiene a partir de un recargo aplicado al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Mientras que este recargo tenía un límite establecido del 7,5%, un decreto emitido por el Ejecutivo la semana pasada autorizó al Ministerio de Economía a incrementarlo hasta un 11,25%.
Este nuevo contexto permite que el Gobierno considere cambios en el régimen de subsidios, a pesar de las críticas sobre la ampliación de beneficiarios.
