El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés político luego de no reunir los apoyos necesarios en el Senado para avanzar con modificaciones a la actual Ley de Tierras. Ante esa falta de respaldo, fue retirado el capítulo 3 del proyecto, que proponía cambios vinculados a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Mientras tanto, continuaron las convocatorias a movilizarse frente al Congreso durante la jornada. Distintos sectores del peronismo bonaerense llamaron a participar de una protesta en rechazo a los cambios planteados sobre la normativa vigente.
Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) convocaron a marchar bajo la consigna de defensa de “nuestras tierras”. El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó su participación en la movilización.
El Partido Justicialista bonaerense había realizado la convocatoria días atrás y anunció que la concentración comenzaría al mediodía en la intersección de Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen, bajo el mensaje “En Defensa de la Soberanía y contra la modificación de la Ley de Tierras”.
Otro sector del peronismo también cuestionó la iniciativa y sostuvo que la modificación de la normativa implicaba una flexibilización en el control sobre la propiedad de tierras por parte de extranjeros. Como argumento, señaló que distintos países mantienen restricciones para proteger áreas consideradas estratégicas.
Entre los ejemplos mencionados se encuentra Estados Unidos, donde algunos estados aplican límites a la compra de tierras agrícolas por parte de extranjeros. También se destacó que la legislación federal establece mecanismos de declaración y registro para determinadas adquisiciones rurales realizadas con capital extranjero, bajo el argumento de seguridad nacional.
Además, se señaló el caso de Israel, donde gran parte del territorio permanece bajo propiedad estatal y las normas establecen restricciones para la transferencia de tierras, permitiendo principalmente concesiones o contratos de largo plazo.
En España existen limitaciones para la compra de tierras en zonas fronterizas y áreas consideradas estratégicas para la defensa nacional. La normativa establece controles para determinadas adquisiciones realizadas por ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea.
También fue mencionado Brasil, donde la legislación establece límites para la compra de tierras por parte de extranjeros y empresas con capital extranjero. Entre las restricciones figura un porcentaje máximo de superficie dentro de cada municipio y un límite adicional según la nacionalidad de los compradores.
En Argentina, la Ley 26.737 establece actualmente que el 15% del territorio puede estar en manos extranjeras, con un límite del 30% para una misma nacionalidad. Además, fija un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva, establece controles a nivel nacional, provincial y municipal, y prohíbe la adquisición de tierras vinculadas a glaciares y cuerpos de agua. En zonas de frontera existe un control estatal previo a través del Registro Nacional de Tierras Rurales.
El proyecto impulsado por el Gobierno buscaba modificar esos límites, entre ellos eliminar el tope vigente o elevarlo al 25% sin restricciones por nacionalidad. También planteaba quitar el límite de hectáreas y otorgar mayor margen a las provincias para definir sus propias regulaciones.
Además, mantenía controles en zonas de frontera, aunque con cambios en su aplicación, e incorporaba la figura del silencio administrativo como una aprobación de la operación. Desde sectores opositores cuestionaron estas modificaciones y consideraron que podían afectar la soberanía sobre el territorio.
Por otra parte, sectores vinculados al kirchnerismo también anunciaron su participación en la movilización frente al Congreso bajo la consigna “la patria no se vende ni se quema”. La convocatoria incluyó críticas a los cambios propuestos sobre la Ley de Fuego y a una iniciativa denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La Ley de Fuego, aprobada en 2020, fue presentada por sus impulsores como una herramienta para evitar incendios intencionales vinculados con la especulación inmobiliaria. Desde ese espacio sostuvieron que la norma permite proteger tierras argentinas y reclamaron mantener su vigencia.
