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San Luis avanza con la reforma constitucional: límite a la reelección, cambios electorales y nuevas garantías sobre IA

26 agosto, 2026
in Política
San Luis avanza con la reforma constitucional: límite a la reelección, cambios electorales y nuevas garantías sobre IA
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El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, avanza con el proyecto de reforma parcial de la Constitución provincial, que propone limitar a dos períodos los mandatos del gobernador, eliminar las elecciones de medio término, incorporar garantías vinculadas con la inteligencia artificial (IA) y establecer un límite de 75 años para el ejercicio de cargos judiciales.

El 18 de agosto, el Senado provincial dio media sanción al proyecto de ley que declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución. La iniciativa fue aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra y contempla la modificación de 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro nuevos capítulos.

Uno de los principales cambios apunta a limitar el mandato del gobernador a dos períodos, consecutivos o alternados. El esquema toma como referencia el límite de dos mandatos establecido para la Presidencia de Estados Unidos.

Poggi incluyó una cláusula para que su actual mandato, iniciado en 2023, sea contabilizado dentro del nuevo límite, por lo que podrá buscar la reelección. En caso de ganar las elecciones del próximo año, asumiría un tercer mandato.

La reforma también elimina las elecciones intermedias para renovar la Legislatura provincial, integrada actualmente por nueve senadores y 43 diputados. Los legisladores elegidos en 2023, cuyos mandatos debían finalizar en 2029, permanecerán excepcionalmente en sus cargos hasta 2031 para adecuarse al nuevo esquema.

El exdiputado radical José Luis Riccardo cuestionó la extensión de los mandatos y la calificó como “fraude a la Constitución” y “traición al voto popular”, al considerar que los legisladores fueron elegidos por un período de cuatro años. Especialistas en derecho constitucional, en cambio, sostienen que este tipo de adecuaciones son habituales en procesos de reforma.

Con el nuevo sistema, San Luis pasaría a integrar el grupo de provincias que eligen a sus legisladores en la misma fecha que al gobernador.

La iniciativa también amplía el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que pasaría de ocho a nueve meses y medio. El período se extendería desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre.

Otro de los puntos contempla otorgar jerarquía constitucional al acceso al agua, definido como un derecho humano y un recurso estratégico. La propuesta establece además la creación de un organismo específico para administrar este recurso, encabezado por un funcionario técnico designado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado, con un mandato de cinco años.

El proyecto incorpora también disposiciones relacionadas con la inteligencia artificial. La propuesta contempla principios vinculados con la identidad digital, el uso ético de las tecnologías, la protección de la dignidad humana, el resguardo de los datos personales frente a algoritmos y el acceso universal a la conectividad.

También se establece la necesidad de mantener el control humano sobre los sistemas de inteligencia artificial y se incorpora un mecanismo de hábeas data destinado a proteger los datos personales.

En materia judicial, la reforma fija en 75 años el límite para el ejercicio de los jueces, en línea con la Constitución Nacional. Además, contempla la creación del Ministerio Público de la Defensa, mientras que el Ministerio Público Fiscal funcionará bajo un sistema acusatorio.

Para la designación de jueces, fiscales y defensores se establecerá un orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura provincial a partir de concursos de antecedentes. El Poder Ejecutivo deberá proponer al candidato que obtenga la mejor calificación, salvo que existan motivos justificados para apartarse de ese orden.

El alcance del juicio político también se ampliará. La herramienta podrá aplicarse a integrantes del Superior Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, al defensor general, al procurador general, al fiscal de Estado, al contador general y al responsable del área de Agua.

Durante el debate en el Senado, el legislador Martín Olivero aclaró que la aprobación de la ley no implica una modificación directa de la Constitución provincial, sino que establece los temas que deberá abordar una futura Convención Constituyente.

“Nosotros no hacemos la reforma constitucional. Solo declaramos la necesidad y conveniencia de la reforma y los temas que la Asamblea Constituyente, que se elegirá mediante votación popular el año que viene, discutirá”, explicó durante la sesión. “Serán ellos quienes modificarán la Constitución provincial”, agregó.

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