La medida había generado rechazo entre distintos actores vinculados al sistema portuario, incluidos trabajadores, técnicos y empresas relacionadas con actividades agroexportadoras y energéticas. Según plantearon durante las reuniones realizadas para destrabar el conflicto, eliminar controles en una actividad considerada estratégica podía generar riesgos operativos debido a las características de navegación del Río de la Plata y la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El conflicto provocó medidas de fuerza en puertos de todo el país desde el inicio de la semana, con interrupciones que afectaron el movimiento de embarcaciones y generaron preocupación entre distintos sectores productivos.
Tras las negociaciones, se acordó conformar una mesa de trabajo para analizar el futuro del régimen. La propuesta oficial de desregulación será revisada y no continuará aplicándose en los términos originales.
Entre los puntos cuestionados del decreto se encontraba la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia pudieran operar sin contratar prácticos, la ampliación de los casos en los que la asistencia sería obligatoria y la incorporación de la Prefectura Naval Argentina como prestadora de ese servicio.
La modificación había sido presentada como parte de una política de reducción de regulaciones y cambios en el funcionamiento del Estado. Desde el Gobierno se había planteado que el objetivo era reducir costos y favorecer una mayor eficiencia en la actividad portuaria.
Sin embargo, desde el sector señalaron que la medida no contemplaba las particularidades técnicas de la navegación en los principales corredores fluviales del país y que podía generar riesgos para la seguridad de las operaciones.
La paralización de actividades tuvo impacto en distintos puntos del sistema portuario argentino, desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial incidencia en el Río de la Plata y el corredor Paraná, por donde circula una parte mayoritaria del comercio exterior nacional.
Las demoras generaron costos adicionales para las operaciones marítimas. Desde el sector agroexportador advirtieron que cada jornada de espera de una embarcación puede representar pérdidas económicas significativas y afectar la previsibilidad de los compromisos comerciales internacionales.
También surgieron alertas desde la industria energética. La interrupción de actividades en el puerto de Bahía Blanca afectó maniobras vinculadas con obras asociadas al desarrollo de Vaca Muerta y complicó operaciones relacionadas con el transporte de combustibles.
Entidades vinculadas al sector energético informaron que varias operaciones portuarias quedaron suspendidas debido a la falta de prácticos, una situación que podría afectar el abastecimiento y la logística de distribución.
El impacto alcanzó a distintos puntos estratégicos para el movimiento de hidrocarburos, entre ellos terminales ubicadas en Campana, Dock Sud, La Plata, Bahía Blanca y Caleta Córdova, en la provincia de Chubut.
El conflicto también presentó una particularidad debido a la modalidad de protesta adoptada por los prácticos, quienes no se encuentran organizados bajo un esquema sindical tradicional. La decisión coordinada de no aceptar nuevas operaciones dificultó la aplicación de mecanismos habituales de resolución de conflictos laborales.
Ante la paralización, la Prefectura Naval Argentina intimó a trabajadores del sector a retomar sus funciones al considerar la actividad como un servicio esencial para el funcionamiento del sistema portuario.
Finalmente, el Gobierno optó por abrir una instancia de diálogo para revisar la normativa y evitar mayores consecuencias sobre las cadenas de exportación, la actividad industrial y el abastecimiento energético.
