La propiedad, que cuenta con casi 200 metros cuadrados, pertenecía a dos mujeres que la adquirieron el 30 de abril del mismo año. Previó a su compra, el inmueble había sido de Hugo Alberto Morales, un exfutbolista. Las vendedoras, Beatriz Viegas, de 72 años y jubilada, residente en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, no solo figuraron como dueñas del departamento, sino que también como beneficiarias de un préstamo hipotecario que facilitó la compra. En los registros se indica que ambas aportaron el 50% de un crédito total de USD 200.000, equivalente a cerca del 90% del costo total de la transacción.
La estructura financiera de esta operación ha sido consignada en el informe registral, el cual especifica que el préstamo hipotecario de USD 200.000 fue instrumental para que Adorni lograra completar la compra, estableciendo a las dos jubiladas como acreedoras en dimensiones iguales.
Adicionalmente, en noviembre de 2025, Adorni compró una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, que se encuentra registrada a nombre de su esposa. A pesar de estos movimientos patrimoniales, su más reciente declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción no reflejó la venta de su previo inmueble en Parque Chacabuco.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ha solicitado al juez Ariel Lijo diversas medidas de prueba en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. Esta solicitud, confirmada por fuentes judiciales, incluye requerimientos a registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros con el propósito de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía justificó su petición al señalar que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente del juez Lijo.
La denuncia inicial fue presentada por la diputada Marcela Pagano, quien indicó que el patrimonio de Adorni podría haber crecido un 500% en un único período fiscal. La legisladora destacó diferencias entre su declaración jurada inicial y la anual, señalando la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por montos superiores a $16.000.000, junto con la aparición de USD 24.500 en efectivo, que supuestamente le fueron prestados por familiares. En cuanto a la propiedad de Caballito, el informe de dominio evidencia que la compra se logró gracias a este crédito.
