El planteo fue presentado ante la Cámara revisora, donde los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que De Marinis sea apartada del expediente y que se realice un nuevo sorteo para establecer qué juez deberá intervenir en la causa.
Entre los argumentos expuestos, los fiscales sostuvieron que el recurso fue presentado dentro del plazo previsto por la legislación y por funcionarios con interés legítimo en el proceso. A la vez, señalaron que la resolución cuestionada genera un perjuicio que no podría ser reparado posteriormente.
Uno de los aspectos centrales de la apelación está relacionado con los efectos del sobreseimiento. Según plantearon, esa decisión extingue la acción penal contra el adolescente y pone fin al proceso iniciado a partir del hecho investigado. Para los fiscales, esto impide que el Ministerio Público Fiscal ejerza las facultades que tiene asignadas por la Constitución.
La apelación también cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de la norma referida a la edad de imputabilidad. Los fiscales consideraron que esa determinación afecta las funciones del Ministerio Público Fiscal vinculadas con la defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, así como su intervención para procurar una adecuada prestación del servicio de justicia.
Otro de los argumentos planteados apunta a las facultades del Congreso de la Nación. Los fiscales sostuvieron que la decisión judicial, al dejar de aplicar una ley que se encuentra vigente, habría avanzado sobre atribuciones propias del Poder Legislativo y vulnerado el principio de legalidad.
Por último, señalaron que el criterio adoptado en la resolución también tendría efectos sobre el principio republicano de gobierno y la división de poderes establecidos en el artículo 1 de la Constitución Nacional.
