El Gobierno avanza con las designaciones por decreto en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema. el Ejecutivo está revisando el documento y asegura que “hay altas probabilidades” de que se firme en las próximas horas.
La Casa Rosada quiere impulsar la medida, pero sostiene que todavía no está definido y que “se puede frustrar”. En Balcarce 50 ponen en duda la intención del juez federal de dejar su cargo actual en Comodoro Py para asumir como integrante del máximo tribunal sin acuerdo del Senado.
Lo mismo aplica para el catedrático. Sus cercanos manifiestan que no quiere asumir como juez de la Corte Suprema mediante un decreto. “Manuel prefiere que no sea así por las tensiones que puede generar. No quiere ser impuesto. Si el Senado le rechaza el decreto, es capaz de dejar el cargo en el instante”, expresan.
La mesa política del oficialismo busca evitar que los pliegos se posterguen y queden para el tratamiento en sesiones ordinarias. En Nación reconocen que convocaron a extraordinarias hasta el 21 de febrero para tener una semana de receso legislativo, de forma de poder designar a sus candidatos sin pasar por el Congreso antes de 2026.
El Gobierno acusa a los bloques aliados y opositores de la Cámara Alta de “no querer votar a favor o en contra de Lijo” en el recinto. En Nación creen que el juez federal tiene los votos para sostener su candidatura en el Senado y argumentan que la sesión del viernes pasado se cayó porque “ninguno se quiso exponer para no quedar pegado”.
El encargado de negociar con la oposición fue el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Tuvo como interlocutor del kirchnerismo al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Martín Mena. Formaron parte del diálogo las 150 vacancias en juzgados federales, el reemplazante del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, yla Defensoría General, que ocupa Stella Maris Martínez.
