Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) fueron creados por la Ley de Modernización Laboral y reglamentados mediante el Decreto 408/2026, firmado el 29 de mayo. El comienzo de las operaciones estaba previsto originalmente para junio, pero fue postergado para completar la reglamentación y desarrollar la infraestructura necesaria.
El esquema establece un sistema de ahorro obligatorio para los empleadores privados. Las grandes empresas deberán destinar el 1% de su masa salarial, mientras que las microempresas y PyMEs aportarán el 2,5%. Para la mayoría de los empleadores, el mecanismo no representa un costo adicional, dado que los aportes se descuentan de contribuciones patronales que actualmente se destinan al sistema previsional.
Cada empresa deberá elegir una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores y optar por un fondo común de inversión o un fideicomiso financiero. Luego tendrá que obtener un identificador denominado “ID FAL” y comunicarlo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que será la encargada de transferir mensualmente los fondos al vehículo seleccionado.
Si el empleador no realiza esa elección, los recursos quedarán retenidos de manera temporal y posteriormente se asignará una administradora de oficio.
El dinero permanecerá asociado al esquema individual de cada empleador y será invertido hasta que deba utilizarse para afrontar una indemnización. Sin embargo, los fondos tendrán una carencia inicial de seis meses, por lo que los primeros aportes realizados desde noviembre no estarán disponibles inmediatamente para ese fin.
El nuevo sistema tampoco reemplaza la indemnización laboral tradicional ni modifica la obligación del empleador frente al trabajador. Su función será generar previamente una fuente de financiamiento para afrontar ese desembolso cuando corresponda.
La posibilidad de administrar una masa de recursos que crecerá mes a mes despertó el interés de bancos, administradoras de fondos y agentes del mercado de capitales. Las estimaciones apuntan a que el FAL podría incorporar más de US$1.000 millones por año al mercado financiero argentino, creando una fuente estable y de largo plazo para la gestión de inversiones.
Entre las entidades que comenzaron a prepararse para este nuevo esquema figuran BBVA Argentina, Santander Argentina, Banco Macro, ICBC Argentina y Banco Nación. También desarrollan alternativas para captar esos recursos administradoras y agentes como Cohen, Puente Asset Management y Balanz.
La competencia por atraer empresas comenzó antes de la puesta en marcha del sistema. Algunas entidades ya anunciaron condiciones comerciales destinadas a captar nuevos aportantes, mientras que la normativa establece un tope del 1% anual para las comisiones de administración sobre los saldos gestionados.
Los fondos acumulados, además, podrán ser invertidos en distintos instrumentos del mercado argentino. La reglamentación permite destinarlos sin un límite porcentual específico a deuda del Tesoro Nacional, mientras que establece un máximo del 15% para bonos provinciales, con restricciones según la jurisdicción, y otro 15% por entidad para depósitos bancarios. Las obligaciones negociables de empresas privadas podrán representar hasta el 20% de las inversiones. Al menos el 10% deberá permanecer colocado en instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo.
De esta manera, el mecanismo tendrá efectos tanto sobre el financiamiento laboral como sobre el mercado financiero. Para las empresas, permitirá acumular recursos de manera progresiva para afrontar eventuales indemnizaciones que puedan generar un impacto significativo sobre su flujo de caja. El efecto puede ser particularmente relevante para compañías con plantillas numerosas.
Las grandes empresas podrían analizar la posibilidad de conformar vehículos exclusivos para administrar sus recursos, mientras que las PyMEs y compañías medianas tendrían mayores incentivos para utilizar fondos colectivos, con el objetivo de alcanzar escala, diversificación y mejores rendimientos. Esta última alternativa aparece como la opción que tendría mayor aceptación.
El Tesoro Nacional también podría convertirse en uno de los principales receptores de estos recursos. La normativa habilita a los FAL a invertir en deuda pública nacional sin establecer un límite porcentual específico, mientras que sí fija topes para los instrumentos provinciales y las obligaciones negociables privadas.
Si la masa administrada alcanza los niveles proyectados, los fondos podrían transformarse progresivamente en un inversor institucional de peso y generar una demanda adicional sobre los títulos de deuda pública.
Con el inicio previsto para el 1 de noviembre y sin nuevas postergaciones contempladas, el FAL pondrá en marcha un mecanismo que combinará el financiamiento de indemnizaciones con la administración de una nueva fuente de ahorro institucional. Su implementación abrirá además una disputa entre bancos, fondos y sociedades de Bolsa por captar y gestionar esos recursos a medida que se acumulen.
