En una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores, la comisión pidió que se reanude el debate y se alcancen los acuerdos necesarios para convertir la propuesta en ley. “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, sostuvo en el documento, en el que planteó que el problema requiere una respuesta institucional concreta.
La principal preocupación está centrada en la exposición de los menores de edad a plataformas de apuestas accesibles desde teléfonos celulares. Según advirtió el organismo, en el entorno digital el juego puede incorporarse a las actividades cotidianas y aumentar los riesgos asociados con las apuestas compulsivas.
El reclamo se suma a una serie de pronunciamientos de la Iglesia sobre esta problemática desde 2024. En julio de ese año, las pastorales sociales de todo el país impulsaron la consigna “Apostar no es un juego”. En noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina pidió a la Cámara de Diputados que tratara el proyecto y, en febrero de 2025, volvió a dirigirse al Senado. En octubre de ese año, los obispos advirtieron que “la ludopatía es un atentado contra la vida” y alertaron sobre el riesgo de que los dispositivos móviles se conviertan en una especie de casino.
La discusión legislativa lleva más de dos años sin avances definitivos. El 27 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea, con 139 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. La iniciativa pasó al Senado, donde continúa pendiente de tratamiento. En octubre de 2025, el tema volvió a discutirse en un plenario de comisiones de la Cámara alta, pero el debate no avanzó.
En paralelo, el Poder Ejecutivo nacional presentó en mayo otro proyecto orientado a ordenar el mercado de apuestas virtuales, limitar la publicidad y reforzar la protección de niños y adolescentes.
En su nueva comunicación, la Comisión Episcopal de Pastoral Social también advirtió que las consecuencias del juego compulsivo no recaen exclusivamente sobre quienes apuestan. Las familias, las instituciones educativas y las comunidades deben afrontar parte de sus efectos. Para fundamentar su preocupación, el organismo hizo referencia a investigaciones y materiales de UNICEF Argentina y del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina sobre las apuestas en línea y los adolescentes.
La comisión puso además el foco en los costos económicos y sociales de la expansión del negocio. “Los costos de los daños ocasionados por la ludopatía —humanos, familiares, sociales y sanitarios— no serán asumidos por quienes se benefician hoy de este negocio, sino que recaerán, una vez más, sobre las personas, las familias y la sociedad en general”, sostuvo.
La carta también citó al papa León XIV, quien advirtió sobre “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”, y señaló que la falta de intervención estatal puede profundizar daños difíciles de reparar en el tejido social.
Finalmente, la Comisión Episcopal de Pastoral Social insistió en la necesidad de que los senadores asuman su responsabilidad y eviten que el proyecto quede relegado por la falta de acuerdos o de tratamiento parlamentario. “No hacer nada también es una decisión”, concluyó el organismo.
