Este fallo fue anunciado este martes, después de que las autoridades determinaran que el acusado “no era capaz de comprender sus actos ni dirigir sus acciones” en el momento de los hechos. Desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, explicaron que esta decisión judicial se sustentó en los informes médicos realizados tras la detención del individuo.
El detenido fue arrestado el 17 de marzo de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo tres días después del crimen, y ha permanecido internado en un centro de salud mental por orden del juzgado de Rogatorias de la Nación.
Inicialmente, el caso fue investigado como un presunto femicidio, pero luego se recalificó como robo calificado por homicidio en carácter de autor. No obstante, durante la audiencia del 17 de abril, el fiscal jefe y la asistente letrada solicitaron que se declare la inimputabilidad del acusado.
Según el planteo de la Fiscalía, el 14 de marzo de 2025, el imputado ingresó al domicilio de Quinteros, de 70 años, con la intención de robar. En el lugar, agredió a la víctima y sustrajo dinero, una cadena, un reloj, anillos y un automóvil Volkswagen T-Cross.
Después de apoderarse del vehículo, lo utilizó para escapar hasta la localidad bonaerense de Azul, donde lo abandonó al quedarse sin combustible. En la reconstrucción de su huida, señalaron que un camionero lo trasladó hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue detenido al intentar ingresar al consulado de República Dominicana en busca de protección. El Ministerio Público Fiscal fundamentó la solicitud de inimputabilidad en informes psiquiátricos realizados por el hospital donde el detenido permanece y el área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén, que concluyeron que el individuo “no se hallaba en condiciones de comprender sus actos ni dirigir sus acciones”.
Con base en este diagnóstico, el juez de garantías avaló la declaración de inimputabilidad y el consecuente sobreseimiento, además de dictar una medida de seguridad de internación obligatoria. Se dispuso que la internación se realice en “un dispositivo de salud mental”, con la condición de que dicha medida se revea en caso de que mejoren las condiciones médicas y los riesgos.
Asimismo, se estableció que si la internación cesa por el agotamiento del plazo máximo o por la desaparición de riesgos para sí mismo o para terceros, se requerirá que el equipo interdisciplinario de salud mental tratante interceda una semana antes del fin del plazo. En tal situación, la continuidad quedará a cargo de la Justicia civil.
Por esta razón, se notificó al centro de salud de Buenos Aires, donde el detenido está internado desde su arresto, que deberá continuar con la atención médica bajo la modalidad de internación involuntaria hasta que se concrete su traslado a otra institución apropiada. Finalmente, el fallo exigió notificar al Juzgado de Rogatorias de Buenos Aires para que colabore en la supervisión de esta medida de seguridad, estableciendo custodia policial permanente sobre la internación. También se instruyó al defensor público civil y al juez civil sobre el control y seguimiento de la medida, que estará bajo la supervisión del Juez de Ejecución Penal, con un examen trimestral de la situación del internado.
